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Si creemos con Descartes en que todos los seres humanos, por el hecho de compartir la misma condición y dignidad, tenemos la inteligencia de igual modo repartida, entonces debemos asimismo tener fe en que el problema de la desigualdad en la educación que atraviesa nuestro país no tiene que ver con que una parte de nuestros jóvenes sea más inteligente que la otra, sino que, en cambio, tiene que ver con que hay un sector que no se está educando bien o, si se quiere usar el término en boga, que hay déficit en la calidad educacional de una buena parte de nuestras escuelas.

Este juicio parecen compartirlo, en términos generales, todos los chilenos. Lo comparten izquierdistas, derechistas, opusdeístas, ateos, cientificistas e incluso pokemones. Hay una parte importante de la educación chilena –vinculada a la enseñanza pública y subvencionada, en grandes rasgos– que carece de calidad, afirman.

A primera vista entonces el problema parece sencillo de resolver. ¡Abandonemos esta mala educación y reemplacémosla por aquella que es de calidad! Así de simple.

Nada de eso. A juzgar por la experiencia, no hay concepto más complejo que el de la educación de calidad. Para un cristiano que ose llamarse así, la buena educación se resume en una frase: vivir a la manera de Cristo; para un ilustrado, la educación tiene que ver con ser un pequeño sabio que conoce de todo un poco, desde química hasta literatura; para un individualista, la educación consiste en obtener las herramientas para acumular riquezas y a costa de esto obtener éxito. Podría seguir enumerando distintos conceptos de educación de calidad e incluso podría agregar que, fácticamente al menos, nuestro país ha adscrito a esta última.

Dicho de otro modo, hay un sector de la escuela (el sector privado) que a juicio de la mayoría de los chilenos ofrece educación de calidad, en desmedro de otro sector (el público y subvencionado) que, para esta mayoría, ofrece una pésima educación, pese a que nadie haya aún definido –en forma clara, distinta y directa– qué entiende por educación de calidad.

Este concepto no aparece en nuestra constitución, ni en nuestros códigos, ni apareció en la LOCE, ni tampoco está escrito en la polémica Ley General de Educación (LGE).

Mientras por una parte los estudiantes exigen la derogación de la LGE, sin haber leído su contenido (casi como jugando a creerse revolucionarios); por otra los políticos discuten, cual escolásticos en decadencia, indicaciones sobre los mismos temas de siempre: estado docente versus libertad de enseñanza.

¿Nos sentaremos alguna vez a hacer política, es decir, a ponernos de acuerdo como ciudadanos en cómo queremos vivir la vida en común? ¿Nos sentaremos a dialogar sobre qué es la calidad antes de hablar de sus efectos? ¿Superaremos el problema de la indefinición en este tema tan crucial como es la educación?

Definamos, por favor, lo que entendemos por calidad. Sentémonos a debatir el fundamento de la educación. (Sólo de esa forma esta eterna palabrería hueca disfrazada de debate tendrá algún sentido.) Y sólo después de eso, una vez que lleguemos a un consenso democrático, extendamos los límites de dicha definición al ámbito de la acción política.

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